Carceles Chilenas Verguenza Nacional

Como “inhumano, degradante y cruel”, calificó la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, el trato que reciben los presos en el sistema penitenciario chileno. Este lapidario diagnóstico es parte de un informe sobre la situación carcelaria que la fiscal presentó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado.
Mónica Maldonado inspeccionó los principales centros de reclusión no concesionados y detectó ocho situaciones “graves” que persisten en su funcionamiento: hacinamiento; los horarios de desencierro y encierro de los internos; alimentación; falta de rehabilitación; deficientes condiciones sanitarias e higiénicas; la aplicación de castigos; las condiciones para el aislamiento de los internos, e inseguridad y muerte de reos en los penales. Esta investigación tuvo su origen en el incendio que el 26 de abril causó diez muertos en el penal Colina II, tras una riña entre bandas rivales.
Para la fiscal Maldonado el sistema carcelario está en “crisis”, y su informe de quince carillas lo refleja. Insiste en que desde 2001 ha hecho ver a las distintas autoridades competentes -ministro de Justicia y director nacional de Gendarmería- “las deplorables condiciones de vida que se aprecian en los establecimientos penitenciarios del país… debido tanto al hacinamiento que se aprecia en los penales como a la falta de una política penitenciaria y acciones concretas que permitan la reinserción social de los individuos”. Sobre estos dos ejes se situó la crítica del informe. Existe un verdadero círculo vicioso, ya que al no contarse con infraestructura adecuada para que las penas se cumplan en forma digna, es imposible que el Estado cumpla su rol de rehabilitar y otorgar oportunidades a los presos.
El hacinamiento se debe al explosivo aumento de la población penal desde 2003, cuando había 38.266 internos. A la fecha, el número de presos se eleva a 53.482. Los números sorprenden: la capacidad del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur (ex Penitenciaría) es de 3.170 internos. Pero en la actualidad hay 6.690 presos. El Centro de Cumplimiento Penitenciario de Arica tiene una capacidad de 1.112 internos, pero alberga a 2.197.
Otros dos casos dramáticos son los del Centro Penitenciario de Valparaíso: con una capacidad de 1.200 internos tiene 2.896, y el Centro Penitenciario de Concepción mantiene a 2.096 presos cuando sólo tiene capacidad para 998. La misma situación viven los penales Colina II, Puente Alto, Buin, San Miguel, Antofagasta, Lebu, Quillota, Coronel y San Antonio.
Vertederos humanos
Pero los problemas carcelarios no se circunscriben a la falta de espacio; también comprenden el trato que reciben los presos. El informe de la fiscal Mónica Maldonado señala severas deficiencias, en especial respecto a los horarios en que los internos permanecen encerrados en sus celdas.
Debido al horario que dispuso Gendarmería para el desencierro de la población penal, que va desde las 8:30 a las 17:00 horas, la fiscal de la Corte Suprema constató que “la situación de hacinamiento se ve agravada por el hecho de permanecer los internos encerrados en sus celdas por espacio de aproximadamente 15 horas diarias, en celdas abarrotadas que por lo general carecen de servicios higiénicos y de la adecuada luz y ventilación”.
El horario de alimentación de los presos tampoco es el adecuado, por el inusual horario que Gendarmería le destina: desayuno a las 9 de la mañana, almuerzo a las 12 y cena a las 15:30 horas, que no “guarda relación alguna con los horarios que para este fin se observan en el medio libre”, dice el informe.Es más, Mónica Maldonado critica la forma en que el alimento se entrega a los presos, que es distinta de un penal a otro. Sólo algunos tienen comedores con la cantidad exacta de raciones de alimentos para cada interno. “En otros penales no existen comedores ni lugares para ese fin, y se entrega la comida en ‘fondos’, que son distribuidos por los gendarmes o internos a su arbitrio, sin porciones definidas”, sostiene.
En el plano de las condiciones sanitarias e higiénicas la situación es peor. Grave, según el informe, es la falta de agua potable en los Centros Penitenciarios de Valparaíso y Arica. Sin embargo el peor caso es el que se da en la calle 6 de la ex Penitenciaría de Santiago. Los presos, además del hacinamiento, deben convivir “con gran cantidad de basura acumulada en tarros, con desperdicios y fecas en la calle donde tienen salida y donde reciben su alimentación”.
Además, Mónica Maldonado critica el sistema de castigos, en especial la “celda solitaria”, por las mínimas condiciones higiénicas. El máximo castigo en celda solitaria puede ser hasta de diez días.
La fiscal de la Corte Suprema reconoce algún avance en materia de castigos. Expresa sin embargo que en algunas regiones se siguen administrando de manera “cruel e indigna”. A los castigados se los somete a encierro “en celdas vacías sin ningún mueble, sin catre, colchón, ni frazadas... Las celdas no cuentan con luz eléctrica ni natural, la que entra por pequeñas celosías. Muchas veces no hay servicios higiénicos y quedan sometidos a la buena voluntad de los gendarmes para que sean sacados a hacer sus necesidades biológicas. En algunos casos, son encerrados entre cuatro y seis presos en una misma celda de castigo”, expresa.
Finalmente, el informe de Mónica Maldonado hace hincapié en la cantidad de muertos al interior de los penales. Sólo en Santiago el año pasado murieron treinta presos por riñas: esa misma cifra se registra en los cinco primeros meses de este año…


La esquiva rehabilitación

Una de las críticas fundamentales del informe de la fiscal Mónica Maldonado es la ausencia de una efectiva política de rehabilitación por parte del Ministerio de Justicia y de Gendarmería. Esta, para llevar a cabo esa tarea, cuenta sólo con 3% de su presupuesto, lo que es insuficiente, confidenció a PF un funcionario del servicio: “Esto se debe a que el país no tiene una política penal”.
Agrega que la atención que se puede dar al preso está focalizada a evitar el conflicto social y no a la prevención. Pedro Hernández, presidente de la Anfup, concuerda: “Hemos olvidado las políticas de rehabilitación. Chile, hasta antes de 1973, era uno de los países a la vanguardia en temas de reinserción. Teníamos centros de estudio y trabajo en todas partes, lo que nos permitía sacar a la gente de la cárcel a una granja, una colonia agrícola o a un taller donde se le enseñaban oficios”, expresa.
En la actualidad, los programas de rehabilitación sólo alcanzan para los presos con condenas de más de tres años. Pero se está trabajando en un plan piloto en seis regiones, con la colaboración de 145 profesionales, para ampliar ese programa.
El sistema concesionado de cárceles tampoco es, según los funcionarios de Gendarmería, la solución del problema. Los privados pueden exhibir buenos resultados en la construcción de penales y en alimentación de los reos. Pero en rehabilitación es poco lo que han hecho. Una fuente afirma que sólo el 40 por ciento de los presos ha recibido este tipo de atención en el primer año de operación de cada nueva cárcel, pese a que el costo de mantenimiento de los reos es muy superior en una cárcel concesionada que en una pública. En el sistema estatal el costo anual por interno bordea los tres millones de pesos. En el sistema concesionado esa cifra supera los 6 millones 700 mil pesos, es decir es del triple


UNA VERGUENZAAAA LA DESIGUALDAAAAAAD APESAR DE HABER COMETIDO UN ERROR SON PERSONAS!!!!!!!!

Distribucion de la pobreza

Chile ha sido particularmente exitoso en la reducción de la pobreza durante los últimos 20 años, disminuyendo el porcentaje de la población bajo la línea de pobreza de un 38,6% en 1990 a un 13,7% en 2006. Con tasas de pobreza más bajas el esfuerzo de focalización necesario para el diseño de políticas públicas que permitan reducir aún más o erradicar la pobreza es mucho mayor y se requiere información más desagregada a nivel geográfico. Los mapas de pobreza pueden cumplir este rol, ya que entregan una descripción detallada de la distribución espacial de la pobreza, lo cual permite en forma adicional estudiar las relaciones entre la pobreza urbana y rural, y algunas variables socioeconómicas o comportamientos sociales. Sin embargo, estos estudios se ven limitados por la falta de datos suficientemente detallados y desagregados respecto a la pobreza a nivel local. De manera específica, los datos disponibles en las encuestas de ingreso no son representativos a niveles geográficos muy desagregados y los censos no tienen información sobre ingresos. En los últimos años ha habido avances importantes en el desarrollo de metodologías que permitan combinar datos de encuestas y de censos para obtener estimadores de pobreza robustos a niveles geográficos más desagregados. En este trabajo se utiliza este tipo de metodologías para producir estimadores consistentes de pobreza, tanto rural como urbana, a nivel comunal para Chile. Esto abre la posibilidad de investigar en el futuro los determinantes de la pobreza en el país y el rol que juega la pobreza local, ya que los resultados obtenidos muestran la existencia de un grado importante de variación en la pobreza entre comunas y entre la pobreza comunal urbana y rural.



Los datos utilizados para generar los mapas de pobreza a nivel comunal para Chile se obtuvieron de la Encuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica (CASEN) del año 2003 y del Censo de Población y Vivienda del año 2002.



La encuesta Casen es realizada por el Ministerio de Planificación (MTDEPLAN) y, posteriormente, los datos obtenidos son ajustados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) usando el sistema de cuentas nacionales como referencia. Estos ajustes consideran los problemas de datos en zonas de la muestra donde no hay datos de ingreso y la sub o sobrerrepresentación de algunas categorías de ingreso.



La encuesta Casen utiliza un método de muestreo aleatorio de etapas múltiples con estratificación. En la primera etapa, el país se divide entre áreas rurales y urbanas en cada una de las trece regiones y las unidades de muestreo primario son seleccionadas con probabilidades proporcionales a la población. En la segunda etapa, dada la estratificación, se seleccionan los hogares de tal forma que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos.



La encuesta Casen del año 2003 se realizó en el mes de noviembre y encuesto 68.153 hogares en los cuales vivían 257.077 personas. Los hogares encuestados pertenecen a 315 comunas de las 342 que existen en Chile, con un rango de hogares encuestados entre 49 y 330 por comuna. Los datos incluyen características demográficas de los miembros del hogar, ingresos de distintas fuentes incluyendo transferencias del Estado, características de la vivienda, propiedad de algunos bienes durables, acceso a servicios básicos y características de educación y salud.



Es de interés mencionar que, si bien Mideplan considera que la Casen es representativa a nivel regional y también para 301 comunas autorrepresentadas, no hay consenso respecto a la validez de la representatividad comunal. Valdés (1999), Contreras et al. (2001), Pizzolito (2005a y 2005b) y Agostini y Brown (2007) consideran que la representatividad de la encuesta es sólo nacional y regional.



Incluso en el caso en que la Casen fuera efectivamente representativa a nivel comunal para las comunas autorrepresentadas, la magnitud del error estándar impide obtener conclusiones relevantes a partir de las tasas de pobreza comunal en la Casen. Por ejemplo, al considerar un intervalo de confianza al 95% la pobreza urbana en la comuna de Pencahue se estima entre 8,5% y 61,8% y en la comuna de San Nicolás entre 23,4% y 72,8%. De igual forma, la pobreza rural en la comuna de Lanco se estima entre 8,8% y 60% y en la comuna de Temuco entre 9,2% y 81,4%. Esto permite destacar otro de los aspectos importantes de la metodología utilizada en este trabajo, que consiste en obtener estimadores de bienestar mucho más precisos a niveles geográficos más desagregados.



El Censo de Población y Vivienda es realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas cada 10 años. El censo utilizado fue realizado el 24 de abril de 2002 y encuesto a 4.112.838 hogares en los cuales viven 15.545.921 personas. Los datos incluyen características demográficas, situación laboral, propiedad de algunos activos, características de la vivienda, acceso a servicios básicos, nivel educacional y migración en los últimos 10 años.

datos 2008

Principios del Trabajo Social

Los trabajadores sociales contribuyen al desarrollo de los seres humanos, por medio de su aceptación donde existen los siguientes principios básicos.

Todo ser humano posee un valor único, lo que justifica la consideración moral hacia cada persona.

Cada individuo tiene derecho a la autorealización, hasta donde no interfiera con el mismo derecho de los demás, y tiene la obligación de contribuir al bienestar de la sociedad.

Cada sociedad, independientemente de su organización, debe funcionar de manera que proporcione los máximos beneficios a todos sus miembros.

Los trabajadores sociales tienen un compromiso con los principios de la justicia social.

Los trabajadores sociales tienen la responsabilidad de dedicar sus conocimientos y técnicas, de forma objetiva y disciplinada, a ayudar a los individuos, grupos, comunidades y sociedades, en su desarrollo y en la resolución de los conflictos personales y/o sociales y sus consecuencias.

Los trabajadores sociales deberán proporcionar la mejor atención posible a todos aquellos que soliciten su ayuda y asesoramiento, sin discriminaciones injustas basadas en diferencias de sexo, edad, incapacidad, color, clase social, raza, religión, lengua, creencias políticas o inclinación sexual.

Los trabajadores sociales respetan los derechos humanos fundamentales de los individuos y los grupos definidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros acuerdos internacionales derivados de dicha Declaración.

Los trabajadores sociales tienen en cuenta los principios de derecho a la intimidad, confidencialidad y uso responsable de la información, en su trabajo profesional. Los trabajadores sociales respetan la confidencialidad justificada, aún en los casos en que la legislación de su país esté en conflicto con este derecho.

Los trabajadores sociales deben trabajar en estrecha colaboración con los clientes y usuarios, y en interés de los mismos, pero prestando el debido respeto a los intereses de las demás personas involucradas. Se debe motivar a los clientes y usuarios a que participen lo más posible y deben ser informados de los riesgos y posibles ventajas de las propuestas de actuación que se les ofrezcan.manera que proporcione los máximos beneficios a todos sus miembros.